Dictan la prisión preventiva para el dueño de Grupo Delsud y otras dos imputadas

La investigación por los presuntos loteos ilegales en La Plata tuvo un avance clave en la Justicia, que dictó la prisión preventiva para el titular de Grupo Delsud, Francisco Alberto Vila Basualdo; su exesposa, Eugenia Martínez; y Nadia Antonella Lima, acusados de participar en maniobras de estafa vinculadas con la comercialización de terrenos.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, quien hizo lugar al pedido del fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5. De esta manera, las detenciones de los tres imputados fueron convertidas en prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

Según la acusación, Vila Basualdo y Martínez están imputados como coautores de diez hechos de estafa, mientras que a la mujer también se le atribuye el presunto uso de un documento falso. Lima, por su parte, está acusada de participar como coautora en ocho hechos de estafa.

El expediente se centra en presuntas irregularidades en la comercialización de terrenos, donde los compradores habrían sido engañados respecto de las condiciones legales y urbanísticas de los lotes que adquirían.

¿Cómo funcionaban las presuntas estafas con terrenos en La Plata?

La hipótesis judicial sostiene que los compradores eran inducidos a creer que adquirían lotes individuales, aptos para construir viviendas, con acceso a servicios y posibilidades de obtener una escritura propia. Sin embargo, las operaciones se realizaban mediante la cesión o venta de participaciones indivisas de terrenos de mayor extensión.

Esto significa que los interesados adquirían un porcentaje de un inmueble, asociado contractualmente al uso de un sector identificado como lote, pero sin que necesariamente existiera una subdivisión legalmente aprobada que permitiera considerarlo una parcela independiente.

De acuerdo con la resolución judicial, los predios no contaban con las autorizaciones urbanísticas necesarias para desarrollarse en las condiciones en las que eran comercializados.

En el caso del que está ubicado en Ruta 36 y 425, la investigación determinó que el emprendimiento era promocionado como un barrio privado o cerrado, con apertura de calles, cerco perimetral, electricidad y posibilidades de construir viviendas y escriturar los terrenos.

Una situación similar se habría registrado en otro emplazado en 30 y 628, Arana, donde se ofrecían sectores como lotes residenciales dentro de un barrio semicerrado, con servicios e infraestructura que, según la acusación, no contaban con las aprobaciones correspondientes.

La investigación también reconstruyó distintas operaciones en las que los compradores entregaron anticipos, abonaron cuotas y, en determinados casos, pagaron sumas adicionales por trabajos de mensura o conexiones eléctricas. Para la Fiscalía, las condiciones prometidas habrían sido determinantes para que las víctimas decidieran entregar su dinero.

La jueza Garmendia consideró que los episodios investigados no constituirían simples conflictos comerciales aislados, sino que presentarían un patrón común vinculado con la presunta actuación coordinada de varias personas que cumplían diferentes funciones para engañar a los compradores.

Según la hipótesis de la acusación, los compradores no habrían concretado las operaciones ni entregado el dinero si hubieran conocido las verdaderas condiciones legales y urbanísticas de los terrenos.

Con la prisión preventiva de los tres acusados, la causa avanza hacia nuevas etapas procesales. La responsabilidad penal de cada uno de los imputados deberá determinarse durante el desarrollo del expediente judicial.