La Plata: denuncian red de loteos irregulares y piden investigar posible asociación ilícita

Una causa judicial abierta en La Plata puso bajo la lupa una presunta trama de loteos irregulares en distintos puntos del partido, con eje en emprendimientos emplazados sobre áreas rurales o zonas no aptas para urbanización. La investigación, tramitada bajo la IPP 2726/26 por los delitos de desobediencia y estafa, comenzó por actuaciones vinculadas a emprendimientos sobre la ruta provincial 36, pero luego se amplió hacia otros predios, grupos comerciales y posibles damnificados.

Según la documentación judicial, la causa se tramita ante la fiscalía del doctor Condomí Alcorta y tuvo nuevas derivaciones a partir de una presentación realizada por la municipalidad de La Plata, representada por la secretaria de Justicia y apoderada municipal, Marina Mongiardino, con patrocinio letrado del doctor Julián Rimada. En ese escrito, el municipio no solo contestó un requerimiento fiscal, sino que además amplió la denuncia y pidió investigar una posible estructura organizada vinculada al fraccionamiento y comercialización irregular de suelo.

Uno de los casos que integra el expediente tiene como antecedente una operación privada por un predio ubicado en la zona de ruta 36 y 495, El Peligro, que derivó en un fuerte conflicto comercial y judicial. En su declaración testimonial del 16 de marzo de 2026, Carla Jesica Frazao relató que la situación comenzó en diciembre de 2022 con un compromiso de venta gestionado a través de una inmobiliaria, y que luego se firmó un boleto de compraventa con el Grupo Delsud, mencionando a Francisco Alberto Vila Basualdo y a Eugenia Martínez.

Frazao sostuvo que, tras la firma del boleto, se otorgó una posesión precaria limitada a tareas de limpieza del terreno, pero que con el paso de los meses comenzaron incumplimientos en los pagos, renegociaciones, cartas documento, actuaciones civiles y mediaciones. En su testimonio también mencionó la intervención de abogados y representantes vinculados a la parte compradora, así como sucesivos acuerdos que, según su relato, no habrían logrado resolver el conflicto de fondo.

En este tramo aparece también la intervención del abogado Enrique Fernando Abrantes Ferreira, quien representa a una de las partes damnificadas en el conflicto y viene impulsando planteos vinculados a la situación dominial, los incumplimientos denunciados y el impacto que la operatoria habría generado tanto sobre los propietarios originales como sobre las familias que hoy reclaman una salida institucional.